El director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar), Frank Montero Villegas, expidió un comunicado frente a las declaraciones públicas generadas por el debate de control político sobre los recursos del Ocad Paz en sesión plenaria del Congreso de la República, en el que relacionan el nombre e imagen de la Caja con presuntos hechos de corrupción, aclara lo siguiente:
1. En 18 años, Comfacesar, por su reconocimiento y experiencia, ha logrado consolidar una gestión de más de 20 mil soluciones de viviendas en el departamento del Cesar y el resto del país, sin haber tenido sanciones de algún de organismo de control por proyectos siniestrados, a través de la gerencia de proyectos para entidades públicas y privadas.
2. Entre otros proyectos, somos gerentes del convenio marco 616 para el municipio de La Jagua de Ibirico, del cual se desprenden 4 proyectos de vivienda con fechas de inicio y cronogramas de obras diferentes; del convenio marco 0010 suscrito con el municipio de La Paz, con un anexo para la implementación de 528 paneles de energía fotovoltaica en vivienda; en San Diego, del convenio marco CONB-001-SD con un anexo para la construcción de 215 soluciones de viviendas rurales y en Fonseca (La Guajira), del convenio CRE-NF-007, con un anexo para la construcción en sitio propio de 563 viviendas rurales.
3. Para la ejecución de estos proyectos la Caja participó en concursos en el marco del régimen de contratación pública a través del SECOP II, compitiendo con otros oferentes, resultando seleccionado por su idoneidad y experiencia en materia de vivienda. No obstante, no interviene en la elaboración, estructuración y aprobación de los proyectos, ni decide su naturaleza, solo actúa como gerencia de los mismos, para articular y sincronizar las partes intervinientes (Ente territorial, contratistas, interventores y comunidad) buscando garantizar el manejo transparente de los recursos y la ejecución de las soluciones de vivienda.
4. Las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado, por ende, su criterio de contratación no se rige por el régimen de contratación pública; la selección de empresas se hace a través de invitaciones públicas y privadas, seleccionando firmas y no familias, basada en un histórico de contratistas en el que prevalecen las empresas cesarenses con mayor prestigio, reconocimiento, capacidad técnica y financiera. La construcción de vivienda de interés social, es una actividad especializada que por su complejidad en la ejecución requiere de firmas con la experiencia y recursos para acceder a las pólizas que garanticen el aseguramiento para el cumplimiento del contrato.
5. En el caso de la firma constructora Cayón y Medina, hemos trabajado con ellos por más de 10 años en la ejecución de múltiples proyectos en soluciones de vivienda e infraestructura, cumpliendo hasta la fecha con los compromisos exigidos por la corporación. Los contratistas y proveedores son nuestra fortaleza para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos.
6. Frente al avance de la ejecución de las obras, aclaramos, que no es verdad que se encuentren en el 1 % de ejecución, actualmente algunas de las obras incluso, superan el 50 % de avances en su desarrollo. No tenemos conocimiento de que el DNP haya suspendido ningún proyecto, ni conocemos razones para que eso pudiera pasar. Como es natural, en este tipo de proyectos pueden presentarse inconvenientes derivados de factores indistintos como: problemas climáticos, orden técnico, público, accesibilidad o escases de materiales, entre otros, situaciones que están siendo atendidas y documentadas en cumplimiento de nuestras obligaciones en la gerencia de los proyectos.
7. Finalmente, hacemos énfasis en que no participamos en política y rechazamos todas las aseveraciones encaminadas a vincularnos con algún sector o “entramado” derivado de ningún ejercicio; nuestra relación con los parlamentarios es estrictamente institucional y con las entidades del sector público, somos una solución para apoyar su gestión, como lo prevé la ley.
8. Los proyectos políticos y actividades de exfuncionarios de la corporación no son de nuestro resorte y no tenemos compromisos actuales que nos vincule con algunos de ellos.
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