Tras reunirse con autoridades y sociedad civil, la Comisión Humanitaria Extraordinaria de la Procuraduría ha podido constatar que, luego de cuatro días de enfrentamientos entre los grupos armados criminales en el Catatumbo, persisten los riesgos contra la vida e integridad de las comunidades, resaltando que cerca de 46 mil niños no han podido iniciar clases como consecuencia de las hostilidades en la región.
En terreno se conoció que las cifras de desplazamiento forzado aumentan de manera alarmante. A Cúcuta han llegado más de 10 mil personas afectadas por el conflicto y a Ocaña otras seis mil.
Frente a estos hechos, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, alertó que «más del 35 % de esta población, que manifiesta ser desplazada por la violencia en sus territorios, corresponde a niños, niñas y adolescentes”.
También se tuvo conocimiento del alto riesgo en que se encuentran las familias y los firmantes de paz que desarrollan su proceso de reincorporación en el antiguo espacio territorial de capacitación y normalización de la vereda Caño Indio, así como en el resto del departamento, ya que fueron declarados objetivo militar por el grupo armado criminal Eln.
En reunión sostenida con sus lideres, manifestaron que a la fecha han sido asesinados seis firmantes de Paz y hay otros de los que se desconoce su ubicación.
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