La Defensoría del Pueblo informó que en 2023 alrededor de 9850 personas debieron desplazarse por eventos relacionados con el cambio climático, como deslizamientos e inundaciones que afectan a las comunidades.
Durante el foro organizado por las Delegadas para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y Asuntos Agrarios y Tierras, se presentó el informe sobre «Cambio climático y derechos humanos en comunidades de campesinos y de pescadores artesanales».
En el informe se priorizaron cuatro áreas: Quetame, en Cundinamarca; La Tola, en Nariño, Providencia, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Cara de Gato, en La Mojana Sucreña. En dichas áreas ocurrieron eventos climáticos de gran impacto ambiental para el país, causando por tanto afectaciones a las poblaciones campesinas y de pescadores artesanales.
Dentro de las conclusiones se señaló que el Estado debe desarrollar más estrategias para abordar los diferentes fenómenos climáticos, incluida la preservación de los ecosistemas, la conservación del suelo y la protección y restauración de áreas de humedales. Para ello es fundamental el papel de la Defensoría del Pueblo, como garante de derechos, que permita generar condiciones de vida digna y la preparación para escenarios climáticos incluso más críticos.
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