En Colombia se ha presentado un hecho de violencia política cada dos días desde el 29 de octubre de 2022, cuando arrancó el calendario electoral para los comicios locales de este año, lo que supone 41 hechos asociados, entre ellos 11 homicidios, documentó un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicado este jueves.

En el documento se advierte sobre prácticas «dañinas para la democracia colombiana que aún persisten en el sistema político y contribuir a la mejora de la democracia local» en el marco de los comicios por las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

Durante los cuatro meses que van del calendario electoral se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados: 11 fueron asesinadas, 10 sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas.

Y aunque en este periodo se han registrado menos hechos de violencia, se ha observado «un repertorio de victimización más agresivo», según Pares, que alertó que «sigue existiendo correlación entre violencia y corrupción».

Entre los hechos más graves que destaca el informe está el atentado contra la congresista Aida Quilcué el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que ha recibido en el pasado en su contra, y el asesinato del periodista y denunciante de corrupción Wilder Alfredo Córdoba en noviembre de 2022 en Nariño.

También dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar y los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en Suárez, Cauca, días antes de una visita.

Mayor daño y letalidad

Aunque en comparación con el período electoral equivalente inmediatamente anterior (28 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022) el número total de hechos de violencia política disminuyó, Pares alertó que mientras en el período 2021-2022 los eventos violentos que representaban un daño directo a la vida representaron el 9 % de la totalidad de hechos de violencia, en el período 2022-2023 este porcentaje es del 51 %.

«Menos hechos, mayor daño y letalidad», concluyó el documento presentado este jueves.

Por su parte, el mes con más hechos violentos registrados es noviembre de 2022 y los departamentos que acumulan más hechos de violencia político electoral son Nariño y Santander -5 cada uno-; Antioquia -4- y Valle del Cauca, Arauca y Cauca -3 cada uno-.

Con relación al número de víctimas, el 62 % del total de las víctimas se concentran en Santander -20-, Bogotá -7-, Nariño -5-, Antioquia y Cauca -4 cada uno-, que juntos suman 40.

La mayor parte de víctimas, un 66 %, son personas electas por voto popular, mientras que el segundo perfil más afectado es el de los militantes de partidos políticos, que cuentan ocho víctimas, y después exmiembros de cargos de elección popular, de los que se han contabilizado siete víctimas.

El informe también resalta que de los sectores victimizados que tienen una filiación política -39 víctimas- con declaración según el Estatuto de Oposición, el 79 % hacen parte de las coaliciones de gobierno, tanto en lo local como en lo nacional.

Se incrementaron los homicidios de miembros del gobernante Pacto Histórico y también del partido Comunes (formado por la antigua guerrilla de las FARC) en territorios donde la competencia de actores armados es muy alta.

En cuanto a los perpetradores, en la mayoría de los casos no ha sido posible esclarecer cuáles grupos o estructuras cometen los hechos aquí recogidos. De los 41 hechos registrados por Pares, en 25, el 61 % de los casos, se desconoce al agente perpetrador.

En el otro 39 % de los hechos se identificaron como presuntos agentes perpetradores al Clan del Golfo en 5 hechos, a las disidencias de las Farc también en 5, a otro tipo de grupos 4 hechos y al Eln en 2 hechos. Sin embargo, alerta el documento, «no es posible hacer universalizaciones al respecto debido al vacío de información».

Colombia celebrará el 29 de octubre elecciones regionales, en las que se elegirán a los gobernadores de los 32 departamentos (provincias), a los miembros de las asambleas departamentales y a alcaldes, concejales y ediles. (EFE).