Debido a que en los últimos 20 años la población ha presentado un deterioro de su salud mental, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó una estrategia para atender la prevención y atención integral de violencias, el consumo de drogas, problemas y trastornos mentales.
Se trata de una política con acciones previstas para cuatro años que tendrá un costo estimado $ 1,1 billones, con la cual se busca, en primer lugar, mejorar y hacer más eficiente la coordinación de las entidades relacionadas con la salud mental de la población, entre ellas los ministerios de Salud, Justicia, Trabajo, Educación, Cultura, Deporte, Vivienda y TIC, así como Prosperidad Social, el DNP y el Instituto de Bienestar Familiar.
Un segundo objetivo se relaciona directamente con el fortalecimiento de los entornos y acciones que permitan transformar normas y representaciones sociales entre la población, que favorecen las violencias, los problemas y trastornos mentales, y el consumo de sustancias psicoactivas.
Como tercer objetivo de esta política se prevé el mejoramiento de las capacidades de oferta en salud para la atención integral y estrategias para la inclusión social de las personas con problemas y trastornos mentales.
De esta manera el Gobierno nacional emprenderá una tarea integral para enfrentar de forma adecuada la salud mental, especialmente cuando en Colombia una de cada diez personas —el 10,25 % de la población— padeció un trastorno mental, según datos disponibles a 2017.
Precisamente, el trastorno mental está considerado entre las 20 primeras causas de años de vida potencialmente perdidos por discapacidad (AVAD).
La Política Pública de Salud Mental también permitirá enfrentar las violencias y el consumo de sustancias psicoactivas, que influyen en la aparición de síntomas y problemas mentales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal (2018) y el Observatorio de Drogas de Colombia (2013-2016), además de un inicio temprano en su uso, se evidencia el abuso y dependencia de las drogas entre jóvenes y adolescentes.
Para tener una idea del problema de violencias, cuatro de cada diez jóvenes entre los 18 y 24 años las han sufrido antes de ser mayores de edad, mientras que los casos por presunto abuso sexual pasaron de 19.641 en 2011 a 22.211 en 2018.
El diagnóstico recogido por el Conpes evidencia que el peor desenlace en salud mental es el suicidio, el cual se incrementó en el país, al pasar (por cada 100.000 habitantes) de 4,58 en 2008 a 5,93 en 2018. Esta conducta afecta en particular a los adolescentes, jóvenes y adultos mayores.
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