La Unidad para las Víctimas alerta a las víctimas de todo el país y a la opinión pública sobre el aumento de intentos de fraude en Valle del Cauca, Urabá, Bolívar, Sucre y La Guajira. En estos departamentos, el Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes de la entidad ha identificado casos relacionados con exigencias económicas que terceros hacen a las víctimas que han recibido pagos por concepto de ayuda humanitaria o indemnización.
La entidad investiga si los casos recientes están relacionados con los recientes pagos de indemnizaciones a víctimas de ruta priorizada, de la que hacen parte adultos mayores de 68 años, personas con discapacidad y personas con enfermedades ruinosas, catastróficas o de alto costo.
El pasado 9 de abril, la Unidad anunció el plan de aceleración para indemnizar a las 106.337 personas que hacen parte de esta ruta priorizada. En abril se entregaron más de 384.000 millones de pesos a 35.975 personas en todo el país.
Entre las modalidades de intento de fraude reportadas están las llamadas telefónicas para ofrecer el pago de indemnización a personas desplazadas, previo diligenciamiento de datos personales en un formulario ajeno a la entidad. También hay casos de personas inescrupulosas que piden a las víctimas fotocopias de la cédula para supuestamente tramitar de forma más rápida la entrega del dinero de la indemnización.
Al respecto, la Unidad para las Víctimas aclara que los pagos de indemnizaciones se depositan directamente en las cuentas de las víctimas y que ningún trámite requiere de intermediario. Todos son gratuitos y los beneficiarios pueden dirigirse a los Puntos de Atención a Víctimas (PAV) y los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) para averiguar por las medidas de reparación integral.
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