Persiste la apropiación indebida del servicio de energía mediante mecanismos clandestinos como la instalación de transformadores ilegales, derivaciones no autorizadas de la red, alteración en las conexiones, manipulación de los equipos de medida, entre otros tipos de fraude para evitar registrar los consumos reales de los predios.
Por esto Afinia, filial del Grupo EPM, viene intensificando sus acciones para identificar aquellos predios que cometan este delito que debilita la infraestructura eléctrica y, por ende, la prestación del servicio.
En las últimas inspecciones en Valledupar se identificó una clínica con un transformador instalado sin autorización de la compañía y sin cumplir los requisitos exigidos para estar energizado. Esta institución de salud evadía el pago de más de 12.000 kw/h cada mes, lo que equivale a más de $8.400.000 mensuales aproximadamente.
Asimismo, en una reconocida repostería del norte de Valledupar se detectó una conexión directa a la red, cuyos consumos no eran registrados por el equipo de medida de este predio, dejando de registrar más de 5.000 kw/h cada mes, equivalente a $ 3.500.000 en energía mensuales aproximadamente.
El Gerente de Afinia en el Cesar, Jorge Rivero Cuadro, manifestó que “la manipulación de la infraestructura eléctrica y de los equipos de medidas representan un riesgo para la persona que lo ejecuta, para quienes transitan por el sector, además, ocasionan pérdidas a la compañía y deterioran la calidad y continuidad del servicio que recibe la comunidad en general”.
Por el robo de energía se pierden 140 millones de kWh promedio mes, lo que en dinero representa pérdidas de aproximadamente $ 79.000 millones mensualmente para la compañía. Este delito está tipificado en el Código Penal como el delito de “Defraudación de fluidos”, donde se establecen multas que oscilan entre 1,33 y 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes y reclusión en establecimiento carcelario entre 16 y 72 meses.
La empresa sigue trabajando por el bienestar y desarrollo de los territorios donde opera, impactando de manera positiva a los hogares, instituciones educativas, comercios, empresas, comunidades e industrias a través de un servicio seguro y confiable, promoviendo el uso legal y eficiente del servicio, pero es fundamental la denuncia oportuna de la comunidad y el de todos los actores del territorio sobre aquellas personas que atenten contra la infraestructura eléctrica para alcanzar prontamente los resultados.
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