La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, acusó formalmente al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los hechos investigados están relacionados con posibles irregularidades de contratación durante el periodo en el que estuvo en el cargo (junio de 2014 – diciembre de 2015), en dos contratos específicos que pretendían garantizar la alimentación y transporte para los estudiantes de las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables del departamento.

El entonces mandatario, como ordenador del gasto, habría fallado en sus deberes de vigilancia y supervisión de la contratación, y permitió que se destinaran y pusieran en riesgo recursos de regalías en los dos procesos contractuales que avaló.

Plan de Alimentación Escolar (PAE) La Guajira – 2015

El 19 de marzo de 2015, se suscribió el contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) con el consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, el cual tenía como objeto suministrar complementos en la mañana y almuerzos para estudiantes de preescolar, básica primaria, y básica secundaria y media de 15 municipios, durante 125 días.

Este contrato recibió una adición por lo que el valor total ascendió a $ 41.064’418.760. El material de prueba da cuenta de que se presentaron 10 posibles deficiencias en los estudios previos. Se identificaron errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos, números de raciones previstas, instituciones a cubrir y cantidad de alumnos beneficiados.

De igual manera, hay evidencia de que no se realizó consulta previa con las comunidades indígenas, cuyos menores de edad serían los más favorecidos, ni se tuvieron en cuenta los factores nutricionales y calóricos de las raciones preparadas, pues se fijaron con lineamientos técnico-administrativos que no estaban vigentes, de tal manera que no proporcionaban el aporte nutricional adecuado.

Adicionalmente, se estableció que la Gobernación no dispuso de condiciones ni lugares para que los estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre.

En las etapas precontractual y contractual, supuestamente, se incumplieron los requisitos de ley con el ánimo de favorecer al contratista. A esto se suma que los peritos contables del CTI detectaron un detrimento patrimonial superior a 13.200 millones de pesos, representado en sobrecostos y pagos por raciones que nunca se entregaron.

En las verificaciones se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $1.759 por cada complemento de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de $971 unidad. De otra parte, desembolsó $2.097 por cada almuerzo, una cifra por encima de los $1.320 establecidos por el Gobierno Nacional.

Finalmente, las inspecciones dan cuenta de que el contrato nunca fue liquidado.

Transporte escolar

El otro contrato cuestionado fue suscrito el 6 de mayo de 2015, con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’. Contempló garantizar el servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos. En valor ascendió a $9.310.604.160 y tuvo un plazo de ejecución de 88 días.

Para la Fiscalía, en este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal. Al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir.

Llamó la atención que para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira.

La audiencia preparatoria de juicio en contra del exgobernador José María Ballesteros Valdivieso comenzará en la fecha que defina la Sala Especial del Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.