La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), bajo la presidencia de Paula Acosta, lanzó una advertencia respecto al articulado de la reforma a la salud. Según el gremio, «las EPS desaparecen del modelo y no es claro quién asume la gestión del aseguramiento de los pacientes. No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero».
Una de las preocupaciones de la Asociación es que mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol como aseguradores. «El proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del sistema», se resalta en el comunicado oficial. Por otro lado, el gremio asegura que nadie asume la responsabilidad y función de gestionar el riesgo en salud y ambas desaparecen.
En ese sentido, para Acemi el proceso de transición es una liquidación de las EPS que aún no deja en claro factores como los requisitos de habilitación. Y quedan en el aire preguntas tales como «¿cuánto tiempo tomará? y ¿están obligadas las EPS a quedarse sin tener las herramientas para gestionar la salud de sus afiliados?». Cabe resaltar que el articulado dicta que se pactará el reglamento con las Entidades que cumplan los requisitos.
Además, la Asociación dice que el proceso de territorialización provocará traumatismos en temas operativos y financieros. «¿Cuáles son los territorios?, ¿quién los define?, ¿Con base en qué estudios?», cuestiona Acemi, pues el gremio considera que la transformación es confusa e improvisada.
Otra de las preocupaciones de la entidad es el traslado de la responsabilidad de conformar, coordinar y articular la red de servicios a las secretarías de salud de las entidades territoriales departamentales y municipales. Y se destaca que «entre 2018 y 2019, las secretarías departamentales de salud solo lograron verificar y habilitar 3 % de las redes de prestación estructurada por las EPS».
Respecto a la conformación de la red de servicios, Acemi dice que el hecho de que las entidades territoriales deban coordinarse con cinco instancias diferentes «implica coordinar a más de 60 personas con múltiples intereses y perfiles poco técnicos lo cual genera un alto riesgo de inoperancia».
Frente a la apuesta por la formalización laboral, el gremio considera que aún no es claro cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan desde sus consultorios externos, porque la contratación estaría sujeta a las decisiones del fondo regional.
En costos, la preocupación radica en que «se reduzca la calidad de los servicios para ajustar el costo al manual tarifario, sin que nadie supervise la calidad».
En plazo de tiempo e infraestructura, teniendo en cuenta que se establece un plan de equipamiento de 10 años y una transición en cuatro, los Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva de Salud (Capirs) «no estarán listos a tiempo».
La Acemi también alerta las facultades extraordinarias planteadas en el proyecto para el presidente, Gustavo Petro, pues en seis meses contados a partir de la expedición de la ley podía modificar y complementar las normas en materia de salud pública. (Vía La República).
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