En la actividad se expusieron los acompañamientos de la UNAL a estas comunidades, a través de diplomados, reuniones, salidas de campo, talleres de cartografía participativa y lectura de mapas formales con líderes de esta zona del país. Además, con el semillero Geografía, Transición y Construcción de Paz, profesores y estudiantes aliados han realizado varias salidas de campo que han permitido la interacción y el conocimiento de lo que sucede en estos territorios, en alianza con las organizaciones sociales.
Los asistentes evaluaron el cumplimiento de compromisos o políticas que de alguna manera afectan la vida de los habitantes de la Serranía del Perijá. La actividad, convocada por el senador Omar Restrepo, del Partido Comunes, contó con la asistencia de la senadora Imelda Daza, además de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de varias veredas, los alcaldes de los municipios de La Paz y San Diego, líderes de organizaciones sociales campesinas y afrocolombianas, académicos y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar y de la UNAL Sede de La Paz.
La antropóloga Lucía Meneses, profesora de la Sede de La Paz, dijo que “esta es una de las primeras actividades de la ‘Juntanza por el Perijá’, iniciativa de las comunidades campesinas organizadas en esta zona del Cesar que, desde 2023 vienen reflexionando y actuando en la búsqueda de soluciones a sus falencias”.
El geógrafo Juan David Delgado, profesor de la Sede de La Paz, considera que “se debe fortalecer y acompañar los proyectos y trabajos que los semilleros y programas de las universidades del departamento –como la Nacional y Popular del Cesar– elaboran con base en las necesidades planteadas por los campesinos e indígenas”.
Sus problemáticas
El académico Delgado dijo también que “la principal queja de esta comunidad es el conflicto territorial interétnico protagonizado por la comunidad indígena yukpa y por las diferentes comunidades campesinas que colonizaron desde principios del siglo XX”. Este es el único grupo étnico de filiación caribe que vive en la Serranía de Perijá; a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela se estima que la población yukpa de Colombia llega a unas 6.000 personas.
“El pueblo yukpa plantea la reivindicación de su territorio ancestral, el cual abarca buena parte de lo que es el norte y el centro del Cesar al este del río del mismo nombre. De igual forma, en el marco de la sentencia T-375-23 se protege el derecho a la consulta previa y se expone la necesidad de la ampliación y saneamiento de los resguardos de estas comunidades. Por otro lado, está el tema de la territorialidad campesina y de la colonización campesina, que viene a manera de “oleadas” de refugiados en diversos ciclos de violencia”, detalla.
Añade que existe una dificultad adicional, que complejiza todo el escenario, la cual está relacionada con la territorialidad ambiental del Estado. En concreto, “se da una superposición entre la territorialidad y el poblamiento campesino sobre áreas que poseen la figura de reserva forestal o de ley segunda de 1959. Dicha superposición se da, incluso, sobre otras áreas de protección ambiental como el Parque Regional Natural Serranía del Perijá”.
Lo anterior genera una problemática multidimensional en la gestión del territorio, tanto para el Estado como para las comunidades, pues entre otras cosas impiden al campesinado consolidar sus propiedades, poder acceder a los títulos de tierras, restringido la inversión del Estado en vías, escuelas y salud.
Otros aportes
En las intervenciones de los líderes campesinos del Cesar se destaca la de Dormelina Romero, quien habla del “incumplimiento del Estado, que no ha permitido formalizar la propiedad de la tierra en la Serranía, pues muchos campesinos tienen documentos que son falsos”.
Por su parte, Enulfo Barrios, líder del Centro del Cesar, afirmó que “la institucionalidad no ha tenido voluntad para avanzar en ese proceso, teniendo en cuenta que hace varios años han solicitado las zonas de reserva campesina y no se ha cristalizado, pero sí hay voluntad para la exploración de hidrocarburos”.
Algunos de los representantes de las instituciones del Estado que estaban presentes en la audiencia se comprometieron a gestionar soluciones; por ejemplo, desde la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, el Ministerio de Agricultura señala la necesidad de crear el Comité Municipal de Reforma Agraria como un escenario técnico y político de decisión.
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