La Contraloría General de la República ha realizado varios llamados de atención sobre los principios de planeación, ejecución, seguimiento y cierre que deben cumplir las entidades territoriales, con el fin de asegurar la contratación oportuna y la efectiva implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional.
En este sentido, según la información recolectada por las 31 Gerencias Departamentales Colegiadas de la Contraloría, con corte al 30 de mayo de 2024, y acorde con la información de la Unidad de Alimentos para Aprender – UAPA, cerca de 5.9 millones de niños, niñas y adolescentes son beneficiarios del servicio de alimentación escolar, sin embargo, 6 de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), presentan novedades que han afectado alrededor de 229.000 estudiantes por no recibir el servicio de alimentación escolar en el país.
De las 97 ETC, 8 ETC del PAE Mayoritario (Antioquia, Caquetá, Córdoba, Montería, Girardot, Sucre, Sincelejo y Popayán) y 7 ETC del PAE Indígena (Popayán, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Buenaventura y Córdoba) iniciaron la prestación del servicio de alimentación escolar con más de 30 días calendario, de inoportunidad. Asimismo, es preocupante que, 10 ETC del PAE Mayoritario (La Estrella, Barranquilla, Florencia, Casanare, Yopal, Cauca, Cesar, Lorica, Huila y Neiva) y 11 ETC del PAE Indígena (Arauca, Casanare, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Maicao, Sincelejo, Sucre y Valle del Cauca) iniciaron con un retraso mayor o igual a 10 días calendario, incumpliendo con lo establecido en la Ley 2167 de 2021.
Esta situación afectó a cerca de 1.5 millones de estudiantes en todo el territorio nacional de acuerdo con lo reportado por las ETC, en su mayoría, población vulnerable de áreas urbanas y rurales del país, y con bajas posibilidades de acceder y permanecer en el sistema escolar de manera continua.
Del control posterior y selectivo realizado durante el primer semestre de 2024 a la vigencia 2023, la Contraloría General ha identificado un total de once (11) hallazgos con incidencia fiscal por valor de $ 4.181 millones en el territorio nacional en relación con el PAE.
Dichos hallazgos evidenciaron fallas en la ejecución contractual (63%), especialmente por la operación del PAE Indígena en el departamento de Nariño. También se destacan las funciones de vigilancia y control del programa sobre la cuales se observaron falencias relacionadas con el suministro de raciones alimenticias en períodos de receso escolar.
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