La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha aceptado plenamente el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso este lunes.
Tribunal de Bogotá decidirá sobre libertad de Mancuso el próximo 20 de marzo.
Esta decisión implica que será responsabilidad de la JEP determinar si Mancuso debe ser liberado para desempeñar su papel como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, con el fin de buscar acercamientos con grupos de origen paramilitar como el Clan del Golfo o las Autodefensas Libertadoras de la Sierra.
La resolución de la JEP revoca la aceptación parcial del sometimiento de Mancuso y en su lugar dicta que se decida sobre su libertad en relación con los beneficios transicionales provisionales, mientras que inicialmente se supervisará su cumplimiento del régimen de condicionalidad.
Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad supervisará su régimen de condicionalidad una vez lo seleccione, si procede, como posible máximo responsable en los macrocasos 03, 04, 06 y 08.
Se insta a dar prioridad a los macrocasos en los que podría ser seleccionado como máximo responsable de los crímenes más graves y representativos cometidos entre 1989 y 2004, como parte de la Fuerza Pública.
Asimismo, se requiere que Mancuso cumpla con sus compromisos en el Sistema Integral de Paz en relación con la indemnización y satisfacción integral de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, bajo amenaza de ser excluido definitivamente de los procedimientos transicionales y enfrentar la justicia penal ordinaria.
Esta decisión surge tras la apelación presentada por la defensa del exjefe paramilitar en respuesta a la aceptación parcial de su sometimiento en la JEP el 17 de noviembre pasado.
En ese momento, Mancuso fue aceptado como «bisagra» o enlace entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la Fuerza Pública. La defensa argumentó que un sometimiento parcial generaba inseguridad jurídica.
Mediante una carta, Mancuso expresó que «esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa, sino como un debate profundo sobre la facilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos». (vía el heraldo).
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