La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, anunció este lunes, en Riohacha, el inicio de la recolección de la información de las familias indígenas que ingresarán al programa Renta Wayuu, que será ejecutado por la entidad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que fue declarado en La Guajira.
Esta transferencia beneficiará a 30.000 hogares indígenas. De estos, 27.000 ya están focalizados. La entidad coordinó un ejercicio de tres semanas, que inició este lunes, con las autoridades indígenas y el acompañamiento del Ministerio del Interior, para recoger los datos de todas las familias con niñas y niños en primera infancia y mujeres en estado de gestación, que todavía no están en la gran base de datos que elaboró para la focalización del programa, explicó Sarabia. Este recorrido inicia en Nazareth, Puerto López, Taguaira, Uribia y Wimpeshi, que son poblaciones de la Alta Guajira.
“El presidente Gustavo Petro nos pidió elaborar rutas para que las familias vinculadas al programa, que en su mayoría están encabezadas por mujeres, puedan hacer el tránsito al nuevo modelo de renta ciudadana. Insistió en que esta atención no sea algo pasajero, sino que acompañemos de manera integral a estas familias y logremos su inclusión social, productiva y política”, dijo Sarabia.
Renta Wayuu es parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar eficazmente la mortalidad y enfermedad por desnutrición de los niños y niñas en La Guajira. Facilitará el acceso a una canasta básica de alimentos, y contribuirá a mitigar la grave vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas en primera infancia.
La declaración de emergencia en la que se fundamenta el programa está en análisis en la Corte Constitucional. “Esperamos y hemos dado todas las razones para que podamos contar con este aval jurídico para continuar. Incluso si no llega por parte de la declaratoria de emergencia, El Gobierno Nacional sabe que el llamado de La Guajira es un llamado urgente y necesario, y seguiremos atendiendo, de manera urgente e integral, todas las necesidades y vulnerabilidades de los hogares en el departamento, con todas las herramientas disponibles”, aclaró Sarabia.
Cuando concluyan las elecciones locales de finales de octubre, la entidad realizará un pago único de 500.000 pesos, en dos etapas: la primera, a principios de noviembre, para las 27.000 familias ya identificadas, después de procesos de verificación; la segunda fase llegará a las cerca de 3.000 familias adicionales, y se realizará una vez se haya recopilado la información de estas familias en el terreno y hayan pasado exitosamente el proceso de verificación de condiciones.
“Quiero enfatizar esto: nuestras transferencias no tienen ningún intermediario, no benefician a ningún candidato ni movimiento político. Por eso, el pago se hará después de terminado el calendario electoral. Pido a los medios que nos ayuden a insistir en esto, y el apoyo a los entes de control, para revisar que no haya fraudes”, expresó Sarabia.
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