La Procuraduría General de la Nación, como parte de la vigilancia preventiva a los fenómenos de seguridad y convivencia ciudadana, evidenció luego de diez reuniones con entidades del orden nacional, la necesidad de articular acciones de manera prioritaria, para impactar los fenómenos de criminalidad y violencia presentes en las áreas urbanas, y en especial, en las zonas rurales del país.
Como resultado de los espacios de construcción y diálogo con entidades como ministerios, organismos de control, Ministerio Público, entre otras, fue posible determinar que, aunque existen actuaciones en el ámbito operativo, administrativo y coyuntural, no se evidencia una coordinación y articulación que permita desplegar acciones integrales y sostenidas en el tiempo que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales con características estructurales en los territorios.
La Procuraduría identificó que, a pesar de que las entidades cuentan con una priorización territorial que atiende factores como la implementación de instrumentos territoriales de la seguridad y convivencia, estadísticas de criminalidad, demandas institucionales y de la ciudadanía; coyunturas territoriales o lineamientos estratégicos institucionales, no fue posible reconocer criterios compartidos y acciones concretas que permitan articularse para luchar de manera unificada contra la criminalidad y la violencia.
También, la Procuraduría evidenció la necesidad de adelantar acciones integrales a partir de las capacidades de cada institución en departamentos como Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar que reportan fenómenos de violencia, dinámicas criminales que afectan la seguridad de forma negativa y han sido priorizados por varias de las entidades consultadas.
Como parte del ejercicio de seguimiento y vigilancia, el ente de control identificó que la falta de comunicación fluida entre los organismos de seguridad y la ciudadanía; la necesidad de consolidación, análisis y socialización de información en materia de orden público de municipios y departamentos afectados por violencias estructurales y emergentes provenientes de grupos armados organizados y bandas criminales, agrava el riesgo para la ciudadanía, permite consolidar estructuras criminales para la generación de violencia y desgasta las capacidades de actuación del estado.
Las situaciones identificadas por la Procuraduría fueron socializadas con los diferentes actores, en el marco de una mesa interinstitucional, espacio en el que se alertó sobre la necesidad de una hoja de ruta contingente para el presente año frente a la ejecución de los actuales Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) y los que se formularán para el periodo 2024-2027, que permita coordinar acciones inmediatas e integrales bajo un plan de trabajo que mida su eficacia y resultados.
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