La Procuraduría General de la Nación, en el desarrollo de una actuación preventiva y ante la puesta en conocimiento de tardanzas en la atención en salud a los niños y niñas menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON-, el Ministerio Público solicitó al Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, Andrés Ernesto Díaz Hernández, un informe detallado sobre la prestación del servicio integral a esta población de especial protección constitucional.
La solicitud se origina luego de que, en el Comité Técnico de seguimiento preventivo realizado por la Procuraduría en septiembre y octubre de este año, se referenciaran quejas sobre la prestación del servicio de salud, a cargo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, a través del fidecomiso que proporciona este servicio a las personas privadas de la libertad y a los menores de tres años.
Según lo reportado, existen barreras para el goce efectivo del derecho a la salud, como dificultades en la aprobación de las ordenes médicas, en la coordinación de brigadas de prevención; para contar con las historias clínicas en formatos digitales, tardanza en la autorización para la asignación de las citas, reprocesamiento en la toma de la historia clínica, entre otras.
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