Entre el 8 y el 29 de agosto, las 32 mesas departamentales de participación efectiva de víctimas y la del Distrito Capital serán convocadas por las direcciones territoriales de la Unidad para llevar a cabo el curso de capacitación ‘Participaz Con Legalidad’.
Serán jornadas, de cuatro horas cada una, durante las cuales las víctimas recibirán la capacitación de manera virtual.
Asimismo, hasta el 21 de agosto serán también capacitadas por lo menos 1.000 víctimas de los 170 municipios pertenecientes a las 16 subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en concordancia con los pilares de Legalidad, Emprendimiento y Equidad del Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ 2018-2022 y, específicamente, el Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas.
Esta modalidad, presencial, es coordinada por profesionales de la Unidad para las Víctimas en el ámbito territorial.
El objetivo de este módulo es fortalecer la incidencia y gestión participativa en sus territorios a través de la exposición de temáticas relacionadas con el Acuerdo de Paz, los PDET, las iniciativas propuestas por la sociedad civil en el marco del pilar 8 que da cuenta de la reconciliación, la convivencia y la paz; y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y sus instancias de implementación.
El segundo momento de la estrategia, enfocada a las víctimas organizadas en mesas de participación efectiva de las víctimas, abordará, además, temáticas relacionadas con los componentes de la política pública para víctimas contenidos en la Ley 1448 de 2011 y los mecanismos de participación, todo con un enfoque de derechos humanos, transformación de conflictos y sana convivencia que permitan a los líderes la construcción de una ciudadanía activa y liderazgos positivos para la reconciliación.
En un tercer momento, la capacitación por plataforma virtual –a través de la página de la Unidad para las Víctimas– abrirá las inscripciones a finales de agosto para que las víctimas no organizadas y las que vivan en el exterior puedan cualificar la incidencia y veeduría en los espacios de toma de decisiones previstos en la Ley.
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