Ante la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, la directora del Icbf, Lina Arbeláez, presentó en Debate de Control Político las acciones que está adelantando la Entidad en la atención y prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el país.
“Contamos con líneas de política pública para la prevención de reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados organizados y delictivos, el cual está compuesto por 6 objetivos, 19 líneas estratégicas y 22 entidades vinculadas, que son lideradas por la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, y la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz”, sostuvo la Directora del Icbf.
La Directora General destacó que el Instituto está desarrollando acciones con dos enfoques: prevención y protección, donde el primero marca la hoja de ruta a partir de la corresponsabilidad de la familia con la sociedad y el Estado, y el segundo tiene una mirada integral que busca entornos protectores que les permiten a los menores de edad establecer vínculos y relaciones positivas en contextos ambientales, culturales, sociales, políticos y económicos con miras a prevenir la violencia en esta población.
Para los niños y niñas de 6 a 13 años, el Icbf cuenta con 78.900 cupos en Generaciones Étnicas con Bienestar y 163.600 con Generaciones Sacúdete, teniendo una presencia en 311 municipios, 21 departamentos y la ciudad de Bogotá para que los niños, niñas y adolescentes exploten sus talentos, aprovechen el tiempo libre y fortalezcan sus proyectos de vida.
El Icbf cuenta desde 1999 con un programa de atención especializado que ha restablecido los derechos de 6.883 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito, en el que actualmente se encuentran 221 menores de edad bajo protección del Icbf.
Finalmente, del total de niños, niñas y adolescentes atendidos históricamente, 3.878 se desvincularon de las Farc, es decir, el 56 %; seguido por el ELN con el 18.5 % (1.273); las AUC con el 15.3 % (1.054) y las Bacrim con el 4.5 % (310), entre otros grupos al margen de la ley.
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